Ruiz está acusado de un delito contra los "sentimientos religiosos", tipificado en el artículo 525 de nuestro Código Penal. Este artículo implementa la adaptación pseudodemocrática del delito de blasfemia presente en el código penal franquista. Otra más de las jugadas propias de nuestra afamada transición que, especialmente en materia religiosa, puso mucho empeño en cambiar la fachada y mantener las estructuras de poder anteriores a la Constitución, para que todo quedase "atado y bien atado".
El terrible delito se cometió presuntamente por crear y difundir el vídeo que incluimos a continuación, con el que se pretendía concienciar a los jóvenes de la utilidad del uso del preservativo en la prevención del SIDA y otras terribles enfermedades, contrarrestando los ¿criminales? mensajes de destacados líderes católicos en su contra.
La denuncia partió del Centro Jurídico Tomás Moro, una organización fundamentalista católica decidida a acabar con cualquier atisbo de libertad que se oponga a su modo oscuro y coercitivo de entender la religión.
El juicio se lleva a cabo por decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla, en contra del criterio del titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que había decretado el archivo de la causa. Algún día habremos de analizar la curiosa sintonía entre los altos tribunales andaluces y los postulados de la derecha más rancia heredera del nacional-catolicismo.
Queremos expresar nuestra indignación por semejante atropello a la libertad de expresión y nuestro apoyo a Juan Carlos Ruiz, a quien el juez ha exigido una fianza de 192.400 € y para quien la acusación pide un año de prisión.
Asimismo queremos recordar a las Juventudes Socialistas que Europa Laica ha reclamado a los sucesivos Gobiernos, incluyendo los del "laico" José Luis Rodríguez-Zapatero la derogación de este artículo del CP, por limitar de modo absurdo uno de los pilares de la democracia: La libertad de expresión. Además, este artículo da soporte legal a campañas de acoso a artistas e intelectuales que no comparten la visión tradicional restrictiva de la religión católica, y por su causa han tenido que comparecer ante los tribunales, entre otros, Leo Bassi o Javier Krahe.
Si el Partido Socialista hubiese sido un decidido defensor de los principios democráticos del laicismo y no se hubiese enfangado en componendas con la jerarquía católica habría derogado dicho artículo, promovido la prometida y nunca alumbrada Ley de libertad de conciencia, y denunciado los inconstitucionales acuerdos con la Santa Sede, tal como reclaman sus bases. Y como consecuencia ahora no estaríamos sufriendo este juicio sin sentido, que no sirve más que para reforzar las posiciones de los enemigos de la democracia.
Pero no conseguirán amedrentarnos. Estamos seguros de que la libertad es el mayor anhelo de todos los pueblos y de que ganaremos la batalla contra las fuerzas oscuras que pretenden imponernos por la fuerza de la ley su modo de pensar y vivir y las leyes se harán pensando en los ciudadanos.
