Por una Universidad pública laica

 Sevilla Laica viene luchando por la laicidad de la educación pública, condición ineludible para conseguir una democracia que,  hoy todavía imperfecta, se reinició en España tras el final de la dictadura; un Estado de ciudadanos, no de fieles o súbditos, iguales en dignidad y derechos.  Pero el progreso de los españoles tiene aún una rémora que los historiadores denominan la tradicional de la alianza entre el trono y el altar. El Concordato de 1979 España – Estado Vaticano la revalidó sin que los diferentes gobiernos hayan tocado apenas en estos años los privilegios que la Iglesia ha seguido disfrutando: se le ceden edificios y solares, se financia a sus miembros, curas, jerarquía, catequistas, etc.; se les conceden exenciones fiscales, se mantiene su inmenso patrimonio y además,  se les entregan jugosos ingresos directos, vía PGE (Presupuestos generales del Estado), IRPF (casilla específica), potestad para inmatriculaciones, etc.

Decimos la Iglesia, y no los católicos, pues en España ya hay datos publicados en la prensa sobre la creciente secularización de la sociedad española, por encima de diferencias ideológicas o creencias religiosas. Muchos católicos están de acuerdo en la necesidad de avanzar en la separación Iglesia / Estado que evitaría esos privilegios;  prefieren la catequesis en la parroquia y no en la escuela, no comulgan con las presiones sobre el poder civil de la Conferencia Episcopal para anular o mediatizar las leyes que la democracia ha ido consensuando y emitiendo: divorcio, investigaciones científicas (células madre,  reproducción asistida…), métodos anticonceptivos, interrupción del embarazo, igualdad de derechos de los homosexuales, etc.

Pero la historia es tozuda y no nos deja olvidar el pasado. De repente advertimos que de él vienen las razones, los factores, los hechos que  desencadenan en el presente estas tormentas que todo lo remueven de nuevo, enfrentándonos a situaciones  indeseables que nos desvelan lo que aun no somos.

De nuevo ha ocurrido. En este caso, el espejo que nos devuelve la imagen de las deficiencias de nuestra aun no real democracia es una decisión de las autoridades de la Universidad Complutense en relación con una de las capillas católicas que se mantienen en su seno. Las autoridades académicas ni siquiera pretendían erradicarla, simplemente cambiarla de lugar; pero se enfrentan inmediatamente con toda una cruzada para evitarlo. Surge la campaña mediática, se manipulan los legítimos sentimientos religiosos de los católicos para que reaccionen emocionalmente a instancias interesadas de la jerarquía, se llama al escándalo, se animan las amenazas de los ultras, que apelan a un nuevo Franco (como muestra la imagen de una pintada así en las paredes de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)… etc.

Ahora nos enteramos de detalles increíbles para los que vivimos en la España del siglo XXI: esa Universidad, una de las más prestigiosas de Europa, tiene 8 capillas católicas con sus correspondientes capellanes, que reciben del Estado sus sueldos correspondientes. Y nos sorprenden esos ciudadanos que reaccionan airados ante algo que es perfectamente normal en una democracia: La universidad es el templo de un saber sin dogmas, sometido a la duda y al debate. Una Universidad no tiene capillas.  

La Constitución define un Estado aconfesional porque busca el bien común, de ahí la laicidad de la educación pública en todos sus niveles, pues atiende a la ciudadanía  sin contemplar sus particulares creencias u opiniones. El respeto constitucional a las mismas supone que el Estado no se inmiscuye en cómo se organizan las distintas confesiones religiosas,  y que éstas no tienen lugar en el espacio educativo propio de la educación pública. Cada cosa en su sitio, y todos contentos. ¿qué problema hay en ello? Nadie sale malparado

Y es que no se ha resuelto una de las claves de nuestra esencial diferencia con las democracias europeas: el Altar , la Conferencia Episcopal  española,  no se conforma con la actual situación de privilegios que disfruta desde el Concordato, ni tampoco con alterar o disminuir sus  incursiones continuas en las competencias propias del Estado, como en el caso de la educación,  sino que para mantener su statu quo exige más de lo que tiene, por si acaso alguien se atreve a recordar ese déficit democrático que supone la  actual situación de privilegio. Cuanto más tiene, mayor es su batalla por no perder ni un ápice de lo conseguido. Y ello a pesar de que una parte de sus miembros (colectivos de Redes Cristianas, Curas de Madrid, Comunidades Cristianas Populares y un largo etc.) piden una separación del Estado parecida a la del resto de Europa.

Sevilla Laica exige que se eliminen las capillas en la Universidad pública,  precisamente en el templo del saber donde se educan las élites de españoles que constituirán, si se deja actuar a la justicia y acaba con la corrupción, las clases dirigentes del futuro.   Exige una educación pública sin catequistas –elegidos por su Obispo en razón de su fe- cuyas enseñanzas compitan pared con pared con las lecciones de los profesores de ciencias o de humanidades; una Universidad laica.

La ciudadanía lo exige y lo merece. La libertad de conciencia, la paz social, la convivencia en el Estado democrático   de los que somos naturalmente diferentes  no puede existir sin ella.

Autora: María Dolores González, socia de Sevilla Laica - Europa Laica