Quinientas asociaciones de padres elevan una queja formal contra la Junta por las procesiones escolares (ABC)

Quinientas asociaciones de padres elevan una queja formal contra la Junta por las procesiones escolares

La Fampa "Nueva Escuela" asegura que «dejar la decisión en manos de las direcciones de los centros es un acto de irresponsabilidad política»

Martín Laínez. Sevilla Actualizado:15/04/2019 11:56h

[Este es el titular -y el subtitular- de ABC para una noticia que debería hacer pensar a las autoridades educativas. Lo recogemos en nuestro blog literalmente, por su gran interés informativo.]

Tras la polémica surgida la semana pasada en torno a las prohibiciones surgidas en los centros educativos de la provincia de Sevilla sobre la celebración de procesiones entre el alumnado, este pasado miércoles se ha conocido que el asunto ha trascendido hasta el Defensor del Pueblo Andaluz.

Así, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampa) "Nueva Escuela" de Sevilla, que agrupa a quinientas asociaciones de padres de la provincia, ha elevado una queja hasta la institución que preside Jesús Maeztu en la que se solicita la intervención del Defensor del Pueblo «ante la que entendemos una grave vulneración de la Constitución Española, que consagra la aconfesionalidad del estado, la libertad religiosa, y el respeto a las creencias».

En el escrito firmado por el secretario de Nueva Escuela, Juan Manuel Garrido Peña, al que ha tenido acceso ABC, los padres apuntan directamente a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y, más concretamente, hacia su titular, Javier Imbroda, después de que la Junta aclaraba en un comunicado que las procesiones de Semana Santa en escuelas andaluzas «cuentan con cobertura legal».

En este sentido, los padres se quejan ante Maeztu de que «argumentar el principio de libertad religiosa, como hace la administración, no es procedente pues no hablamos de actos de fe celebrados en ámbitos privados, sino en espacios públicos como son los centros educativos, donde más sigilo y cuidado deben tener los poderes públicos para no afectar de manera negativa la libertad y las familias».

Los directivos del Fampa argumentan, además, que «dejar la decisión en manos de las direcciones de los centros es un acto de irresponsabilidad política y dejación de funciones públicas», así como la generación de un «agravio comparativo, no ya entre el propio alumnado, sino entre el de un centro y otro», puesto que se generan decisiones que «pueden vulnerar la legalidad».

Por todo ello, los padres piden al Defensor del Pueblo que «se protejan los derechos e intereses del alumnado, así como el de las familias en los centros educativos públicos de Sevilla» y se inste a la Junta de Andalucía «para que prohíban la realización de actos religiosos en los centros educativos y garantizar el derecho a la igualdad, la no discriminación, la libertad religiosa y de creencias».